Exceptuando los desastres causados periódicamente por huracanes y tornados, Carolina del Norte, estado en el que vivo desde hace veinte años, no suele ocupar las primeras planas de los periódicos ni las cabeceras de los noticieros televisivos fuera de los Estados Unidos.  Recientemente, sin embargo, el estado viene siendo noticia internacional a causa de un conflicto que está resultando tan intenso y potencialmente devastador como el peor de los huracanes. Me refiero, por supuesto, a la ley HB-2, popularmente conocida como «la ley de los baños» aunque su nombre oficial es mucho más largo y sus contenidos y consecuencias se extienden mucho más allá del ámbito de los baños públicos y los vestuarios.

Baño neutral en Durham (NC) | FOTO Sara D. Davis

La ley, aprobada el pasado 24 de marzo por la Asamblea General de Carolina del Norte y firmada por el gobernador Pat McCrory el mismo día, no solo limita radicalmente los derechos de los ciudadanos homosexuales, transexuales y transgénero sino que recorta de forma no menos drástica la capacidad de las empresas y los gobiernos locales en materia de regulación laboral y defensa de los trabajadores. La primera parte de la ley establece que en los edificios públicos cada persona debe usar exclusivamente el baño o vestuario que corresponda al sexo que viene indicado en su partida de nacimiento. Los defensores de la ley explican que el propósito de la misma es defender a las mujeres de posibles agresiones cometidas por hombres que pudieran introducirse en los baños disfrazados de mujeres. Esta idea, por supuesto, es ridícula a múltiples niveles (para empezar, ¿acaso las agresiones sexuales no eran ya faltas castigables, se cometieran donde se cometieran y fuera quien fuese el agresor? ¿acaso las normas antidiscriminatorias de Charlotte y otras ciudades legalizan dichas acciones? ¿acaso va a haber controles policiales o aparatos de detección a la entrada de cada baño para determinar el sexo del usuario?), pero además es ofensiva e insultante en cuanto que invita a asociar la transexualidad o el transgénero a algún tipo de condición criminal. Paradójicamente, son los transexuales y transgéneros, junto con gays y lesbianas, quienes más riesgo corren de ser víctimas de acoso y abuso psicológico, físico y sexual. Y lo más ridículo es que históricamente no existe ni un solo caso registrado de agresiones sexuales cometidas por transexuales o transgéneros en baños o vestuarios públicos; tampoco hay ni un solo caso comprobado de predación sexual en baños o vestuarios por parte de hombres disfrazados de mujeres ni en Charlotte ni en ninguna de las más de 200 ciudades de Estados Unidos, incluido el estado de Maryland al completo, que tienen normativas antidiscriminatorias similares. De ahí el título de mi artículo, que describe la HB-2 como una respuesta (pésima, además) a un problema que no existía.

Manifestación contra la HB2 | Foto Democracy Now

Con todo, los efectos potencialmente más devastadores de la HB-2 son los que se derivan de la segunda parte de la ley, la cual prohíbe que los gobiernos locales regulen niveles salariales, horarios laborales, cobertura sanitaria y de desempleo de los trabajadores. De este modo, las empresas, tanto públicas como privadas, quedan sometidas al control directo del gobierno del estado. Por ende, al eliminar el poder de los gobiernos locales en materia de legislación laboral, la ley desautoriza todas aquellas leyes locales que ciudades como Charlotte y otras habían aprobado en defensa de los trabajadores y contra la discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual, y elimina de un plumazo el derecho de los trabajadores a presentar querellas ante tal tipo de discriminación; por consiguiente, la nueva ley efectivamente autoriza y promueve la discriminación por razón de género u orientación sexual.

El escándalo desatado por la HB-2 y el rechazo masivo que ha provocado han sido inusuales no solo por su intensidad sino también por su amplitud y diversidad, ya que a las movilizaciones ciudadanas se han unido las voces, y en muchos casos las acciones de empresas e instituciones públicas y privadas y de figuras significativas del arte y la cultura. El rechazo de las empresas es lógico, ya que la HB-2 reduce de un plumazo su capacidad para atraer y retener trabajadores de alto nivel, en beneficio de otros estados con leyes más progresistas; lo mismo ocurre con las universidades, a las cuales les va a ser más difícil competir con las de otros estados para atraer y retener a alumnos y personal docente. Las pérdidas económicas, en consecuencia, amenazan con ser devastadoras. Al poco de aprobarse la ley, Paypal y el Deutsche Bank anunciaron que abandonaban sus planes de expansión en Carolina del Norte; corporaciones tan significativas como Google, Apple, United Airlines, IBM, Bayer, Bank of America y muchas otras han expresado inequívocamente su rechazo; artistas como Bruce Springsteen, Ringo Starr, Pearl Jam, Boston, Cirque du Soleil, Duran Duran, Elton John y muchos otros han optado bien por cancelar sus actuaciones, bien por usar las mismas como plataformas de protesta y/o publicar declaraciones de repulsa. Por su parte, el gobierno federal ha reaccionado de forma tajante: el Departamento de Justicia acaba de interponer una demanda contra Carolina del Norte, el gobernador McCrory y el sistema de universidad pública del estado, calificando la HB-2 de

inaceptablemente discriminatoria

y reclamando su derogación y amenazando con recortar o eliminar fondos federales a Carolina del Norte si la ley se mantiene. El Departamento de Justicia considera que la HB-2 es contraria al Título VII del Acta de Derechos Civiles, la cual prohíbe la discriminación contra los trabajadores por razón de sexo, raza, religión u origen; también considera que la ley contradice el Título IX, que prohíbe la discriminación de género en la enseñanza–de ahí la demanda contra la universidad–. McCrory ha respondido con beligerancia, demandando a su vez al gobierno federal; así están las cosas en el momento en que escribo estas líneas.

Movilización en Carolina del Norte contra la Ley Baño | FOTO La Tendencia

¿Cómo se puede explicar que la Asamblea General de Carolina del Norte decidiera proponer (y gracias a la mayoría republicana, consiguiera imponer) una ley tan radicalmente discriminatoria? ¿No eran conscientes los legisladores ni el propio McCrory de la desestabilización social y la amenaza de cataclismo económico que la HB-2 previsiblemente iba a provocar? Las raíces profundas de esa decisión son difíciles de entender. Lo que parece claro es que la situación ilustra el grado de polarización, crispación y partidismo al que ha llegado la actividad política en Carolina del Norte–polarización, crispación y partidismo sin duda consistentes con los que se dan a escala nacional. En este contexto, se diría que la HB-2 surgió como un acto reflejo, un impulso ciego de contrarrestar las medidas antidiscriminatorias aprobadas por Charlotte, sin importar el coste humano o económico. A ojos de la mayoría republicana, dichas medidas suponían una victoria política democráta y, como tales, deberían ser aplastadas de forma fulminante y a cualquier precio. La polémica también revela la polarización del electorado de un estado que cuenta con importantes núcleos urbanos progresistas –muy especialmente el área metropolitana conocida como el Triángulo– frente a otras áreas urbanas y sobre todo rurales ultraconservadoras a las que los republicanos deben su mayoría en la Asamblea General.

¿Qué salida puede haber a la situación actual? A la espera de ver qué ocurre con las demandas mutuamente interpuestas entre el estado y el gobierno federal, no es fácil discernir una solución pactada entre las fuerzas políticas de Carolina del Norte. Recientemente, algunos defensores de la HB-2 están proponiendo que si Charlotte y otras ciudades renuncian a sus medidas antidiscriminatorias (obviamente ellos no las llaman así), el estado podría derogar, al menos provisionalmente, la HB-2 y establecer un período de reflexión y debate, ya que según su perspectiva, la HB-2 fue la respuesta necesaria a dichas regulaciones locales. Tal es la posición mantenida públicamente, entre otros, por el ex-gobernador Jim Martin. Es difícil no apreciar el cinismo inherente a dicha posición, que se atreve a presentar como solución ecuánime lo que en realidad es una medida reaccionaria y por ende una flagrante coacción: obligar a las ciudades a renunciar a medidas que adoptaron democráticamente y que suponen avances impostergables en la lucha contra la discriminación sexual y de género, a cambio de retirar una ley, la HB-2, que representa una vuelta atrás de décadas en la lucha por los derechos civiles y que amenaza con llevar a la ruina al estado entero. Bien pensado, ¿quién puede asegurar que ese no fuera precisamente el plan original? Aprobar una ley tan «inaceptablemente discriminatoria» que provocara escándalo, repulsa y horror masivos, para entonces proponer la solución, aparentemente sensata y ecuánime, de anular tanto esa ley como las medidas locales a las que esta, supuestamente, venía a responder, y así «salvar el día» para todos. Una pregunta para rumiar mientras esperamos acontecimientos.