El accidente que el pasado 26 de abril costó la vida a cinco personas en la carretera que une Lorca y Águilas pudo pasar desapercibido para muchos de los que lean este artículo. No fue solamente un accidente de tráfico, fue también un accidente laboral y debería haber sido un recordatorio del nivel de explotación que se ha convertido en la norma del sistema productivo español –en la agricultura, en la industria, en los servicios y hasta en la administración pública. Pero sobre todo es un ejemplo del grado de invisibilidad al que hemos sometido a un enorme número de nuestros vecinos, aquellos que hace más o menos tiempo llegaron y llegan de otros sures aún más castigados por la historia.

Los ocho ocupantes de la furgoneta accidentada se dirigían desde Torre Pacheco a Águilas –más de cien kilómetros y hora y media de viaje- para realizar una jornada laboral agotadora en los campos de apio de una multinacional agroalimentaria por un salario de miseria. Estos trabajadores ni siquiera estaban contratados por dicha empresa, sino que lo estaban a través de una ETT. Me gustaría decir que se me escapan las razones por las que una multinacional con producción continua durante todo el año subcontrata trabajadores a través de una ETT que obliga a estos a sumar tres horas de viaje a una jornada laboral que habitualmente sobrepasará las ocho horas, durante seis e incluso siete días a la semana, pero lo cierto es que las razones son evidentes. Esta estrategia disminuye los costes de mano de obra y evita una vinculación que podría generar derechos legales y reivindicaciones laborales. No son los únicos que lo hacen, la propia universidad utiliza la misma argucia para cubrir los servicios de limpieza, conserjería y cafetería, cuyos trabajadores padecen unas condiciones y falta de derechos que deberían hacer sonrojar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria –a unos más que a otros, por supuesto.

Los fallecidos podrían haber sido nuestros vecinos, de hecho lo eran míos, aunque no los conociese. Son quienes se convirtieron en el engranaje invisibilizado del ‘milagro económico’, aquellos que ocuparon los puestos de trabajo más duros y peligrosos, los mismos a los que el PP quería hacer firmar un contrato de españolidad –de integración creo que lo llamaban- y un libro de texto de secundaria culpa de la alta tasa de desempleo que sufrimos.

Ese es el nivel de cinismo de quien se preocupa por la integración como entelequia y permanece ajeno a las condiciones laborales, deja indefensos a quienes se ven confinados en infraviviendas o los expulsa del sistema de cobertura sanitaria.

La realidad es que nuestros vecinos se convirtieron en la herramienta perfecta para mantener la competitividad de, entre otros sectores, la agricultura. Lo hicieron trabajando en demasiadas ocasiones sin contrato, víctimas no tanto de la falta de escrúpulos de los empresarios como de un sistema pensado para reducir al mínimo los costes salariales. Era evidente que mientras se explotaba interesadamente un discurso xenófobo se establecían cupos de inmigración muy por debajo de las necesidades reales y las previsiones estadísticas. Así se dejaba un hueco inmenso para una inmigración sin papeles que fue usada sin reparos a todos los niveles.

Qué duda cabe de que este contingente humano fue también una pieza clave en el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. En todo el país ellos también se convirtieron en objetivo de bancos e inmobiliarias que hacían negocio construyendo y vendiendo casas y pisos con hipotecas a cuarenta años. A menudo estas viviendas habían sido de familias cuyo nivel de ingresos era apenas un poco mejor o incluso igual que el de los nuevos inquilinos, pero que atraídas por el delirio colectivo -resumido en esa gran sentencia del sentido común que decía “una casa es la mejor inversión, nunca bajan de precio”- se lanzaron a comprar en nuevas urbanizaciones o en barrios que creían más acorde con un supuesto nuevo estatus que no necesariamente se veía reflejado en los sueldos. De un tiempo a esta parte, unos y otros han sido víctimas por igual de esa gran estafa, en el mejor de los casos pagando cuotas cada vez más abusivas y en el peor perdiendo la vivienda y conservando la deuda.

Pero unos fueron las primeras piezas en caer y en buena medida permanecimos callados, expectantes mientras muchos se iban con las manos tan vacías como cuando llegaron. ¿Cuántos minutos y páginas hemos dedicado, con justicia, a los jóvenes titulados que han emigrado durante la crisis? ¿Cuánto silencio ha rodeado la salida de esos otros vecinos, muchos nacidos aquí, muchos con un DNI en la cartera, todos contribuyentes al menguante Estado del bienestar? Al menos tanto como con el que aceptábamos su explotación, el mismo silencio con el que ahora consentimos la de todos.

La Historia, si la escribimos con honestidad, tendrá que darles las gracias y pedirles perdón. Gracias por la riqueza económica y cultural traída, perdón por haberlos ignorado unas veces y señalado como culpables de los males de un sistema del que eran las víctimas más débiles en otras.