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Raúl TrevéCuando se publique este artículo Pedro Antonio Sánchez ya habrá declarado ante el juez por el caso Auditorio, muy probablemente seguirá imputado y salvo milagro seguirá siendo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sin embargo, entre las peticiones de dimisión y el juego a dos bandas de Ciudadanos, que ladra pero no muerde, se ha ido disolviendo el escándalo de las presiones ejercidas sobre el fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, a las que hay que sumar los asaltos a la casa del fiscal anticorrupción autonómico.

La denuncia de estos hechos me hizo recordar las veces que amigos de otras Comunidades me han preguntado por mi opinión sobre el secreto del éxito del PP en la Región de Murcia. Normalmente respondo con digresiones sobre redes clientelares y diferentes estrategias de manipulación ideológica relacionadas con el agua, la propiedad privada, las tradiciones… Pero habitualmente dejo fuera las maniobras de presión directa, muchas relacionadas con la provisión de empleos y la confección de esas redes clientelares, sin las que es imposible entender las más de dos décadas de control político casi absoluto del PP en Murcia y su relativa pérdida de poder municipal y autonómico en 2015.

Nicholas Abercrombie y Bryan S. Turner en su ensayo La tesis de la ideología dominante (1985) afirman que la docilidad política se debe más a las presiones materiales que a “los significantes trascendentales”de modo que la reproducción de un determinado orden político tiene más que ver con lo que “los explotados” consiguen o evitan que con la interiorización de determinados valores. En mi opinión esto no explica por sí solo la reproducción de la hegemonía cultural, pero sí es un elemento de importancia crucial para entender la escasez y debilidad de respuestas contrahegemónicas. En la Región de Murcia estas presiones han sido una constante, poco comentada pero bien conocida, a todos los niveles.

Relataré brevemente tres ejemplos que conozco de primera mano (desgraciadamente podrían ser más) y que ilustran algunos de los métodos usados durante los años de la burbuja para evitar la organización de resistencias y acallar voces. Evitaré nombres y localidades para resaltar el hecho de que fueron (y son) situaciones normales en toda la Región (y pueden serlo, sin duda, en otras Comunidades Autónomas).

Allá por el año 2003 el milagro económico español tenía a Murcia como uno de sus alumnos aventajados, grandes proyectos de urbanización estaban en marcha y las restricciones legales eran la última preocupación de la mayoría de los representantes políticos. En una de las localidades epicentro de la burbuja inmobiliaria, a pesar de la mayoría absoluta del PP, un recién elegido concejal de izquierdas podía con sus remilgos poner en apuros el tranquilo discurrir de recalificaciones y reparto de favores. Primero se le ofreció participar del gobierno municipal como método de cooptación. Ante su negativa comenzaron las represalias, no solo en su labor como concejal, sino también en su puesto de trabajo en una de las instituciones financieras que engrasó con dinero fácil los engranajes de la especulación en la Región de Murcia y que en 2011 rescatamos todos a escote. La entidad financiera, entre otras lindezas, llegó a trasladarlo a otra localidad a más de cien kilómetros lo cual no aflojó su labor en la oposición, pero le dejó con pocas ganas de repetir como concejal.

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Ahora son más, pero a pesar de todo siempre hubo voces disidentes. | Marcha en defensa del litoral, 2009. [Foto RTM]

Más o menos en las mismas fechas un joven licenciado comenzaba a trabajar para una importante empresa de la Región. Lo contrataron a pesar de haber formado parte de una candidatura municipal de IU. Eso sí, desde el principio se le advirtió de que no volviese a hacerlo y evitase que se le relacionase con esa organización. Así fue.

El último ejemplo es el de un trabajador de la construcción. Tras la salida de la cárcel del alcalde corrupto de su municipio, ya en los comienzos de la crisis económica, recibió una llamada de teléfono en la que se le urgía a proteger su puesto de trabajo acudiendo a una manifestación de apoyo al excarcelado. Entre convencidos y temerosos, fueron tantos los asistentes a aquella manifestación que no cabían en la plaza del pueblo.

Si este tipo de estrategias de control socio-político son bastante normales y atraviesan la sociedad, desde el trabajador más humilde hasta el fiscal superior, ¿podemos hablar de democracia?  ¿Quién la garantiza en un territorio en el que cada acto, no ya de disidencia política, sino de cumplimiento escrupuloso de las responsabilidades, se convierte en un ejercicio de heroísmo? ¿Cómo revertir esta situación totalmente y evitar que vuelva a ocurrir?

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